La comisión de investigación parlamentaria aseguró en diciembre que más de 20.000 familias, la mayoría inmigrante, fueron acusadas durante años de haber cobrado ayudas financieras para sus hijos menores de edad de forma fraudulenta.
Esos padres fueron llevados a juicio y tuvieron que devolver de una vez el dinero cobrado durante años. En algunos casos tuvieron que pedir préstamos para cumplir con la devolución.
Cuando los funcionarios responsables de estudiar las peticiones de ayuda encontraban los errores, en lugar de ponerse en contacto con las familias para corregirlos, directamente las denunciaban por fraude.
Muchas familias se vieron en la bancarrota o tuvieron que abandonar sus hogares porque al devolver de golpe las ayudas cobradas durante años no tenían ni para el alquiler.
En algunos casos el supuesto fraude había consistido en olvidar firmar alguna de las páginas de la solicitud de ayuda o rellenar mal algún documento.
Finalmente, un juzgado determinó que las familias tenían la razón y que no se le podría retirar la asistencia por un error de procedimiento.
Muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico sufrido.
Aunque el gobierno neerlandés decidió compensar su sufrimiento con 30.000 euros y prometió buscar soluciones a las familias.