25 empresas constructoras de la CMIC de Puebla han exigido al gobierno federal el reclamo de 120 millones de pesos por falta de pago debido a la reconstrucción del sismo del 19 de septiembre de 2017.
“La falta de pago ha puesto a los constructores en una situación difícil, esto aunado a la crisis económica por la pandemia de Covid-19, porque pagaron el material y la mano de obra sin haber podido recuperar sus inversiones desde hace poco más tres años”, expuso el presidente de ese organismo, Héctor Sánchez Morales.
Indicó que han recurrido al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) –que supervisó y autorizó las obras– para hacer la petición de pago, pero no hay todavía respuesta, lo cual preocupa a los empresarios.
“Son 50 acciones de reparación de daños en templos y otros edificios, los cuales requirieron de mano de obra especializada para hacerlo (…) cuando se pidió una parte de anticipo dijeron en el INAH que no, porque se pagaría al final”, recordó.
Comentó que el 2020 fue de baja inversión en obra pública por los paros de casi cinco meses, de abril a principios de agosto, debido a la pandemia, lo cual tampoco contribuyó a que quienes tienen una falta de liquidez puedan “paliar esa situación”.
Constructores piden Intervención
Sánchez Morales dijo que se ha minimizado el reclamo de los constructores, pero si no hubieran intervenido para apuntalar los inmuebles dañados con el sismo y hacer los trabajos de reparación, éstos se hubieran caído y, con ello, se hubiera perdido parte del patrimonio arquitectónico en lo que corresponde a iglesias y edificios en algunos municipios.
“ha pasado mucho tiempo y no es justo que se ponga en una situación de impago a los constructores poblanos que tuvieron la voluntad de contribuir a resarcir parte de los daños en la parte de inmuebles históricos»
El dirigente de la CMIC insistió que los expedientes de cada obra están al alcance de las autoridades para que conozcan los términos de contratos y “no piensen que se hace el reclamo de algo más, sólo se pide lo justo de lo trabajado y entregado en su momento”.
Comentó que han dado tiempo suficiente a las autoridades federales para indagar y reconocer el adeudo, con base en expedientes técnicos, cuyo dinero podría dar un “respiro” a los empresarios en lo que resta del año, porque la actividad es mínima al tener que ajustarse a la normativa de solo trabajar a 30% de capacidad, esto como parte de las medidas sanitarias.