La semana pasada el Congreso de Puebla aprobó Ley para que el Ejecutivo fiscalice instituciones, regule cuotas, y que sus bienes sean considerados parte del sistema educativo estatal.
La determinación del mandatario morenista ha generado rechazo por parte de instituciones y asociaciones del ramo, además de partidos políticos, que anunciaron un combate jurídico contra la ley aprobada por el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de Juntos Haremos Historia, sin previo análisis o sin tomar la opinión de universidades ni escuelas privadas.
Incluso, la Ley de Educación del estado de Puebla fue descalificada por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Dicha legislación “no se apega a la Constitución ni a la Ley General de Educación; si alguien interpone una acción de inconstitucionalidad será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva al respecto”.
“Se trata -agregó- de una armonización indebida, creo yo (que) no refleja el espíritu legislativo de la Constitución general y de la ley nacional en materia educativa. Entonces, fue una mala armonización, desde mi punto de vista, por parte del Congreso local en Puebla.
El artículo que más descontento han causado entre diferentes universidades como la UDLA y la IBERO es el 105 que dice:
“Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”
Además se estaría limitando la libertad de las escuelas privadas para vender el material escolar, aumentar o disminuir cuotas de ingreso y colores neutros para todas las instalaciones.
Acá puedes encontrar la liga al documento aprobado el pasado 18 de mayo de 2020