El Instituto Nacional de Migración de México separó de su cargo a más de 1,040 funcionarios por haber incurrido en supuestos actos de corrupción, informó el viernes el jefe del organismo, Francisco Garduño.
El funcionario dijo que como parte de un plan de “modernización administrativa” el instituto implementó un sistema de videovigilancia que le ha permitido detectar irregularidades, como extorsión a usuarios y personal que dormía en horas de trabajo.
“No puede seguir este México atendiendo a los migrantes que llegan a nuestro país en una forma ordenada y segura”, con este tipo de acciones, expresó Garduño.
Cada año, miles de migrantes atraviesan el país buscando llegar a Estados Unidos, pero en su largo trayecto suelen ser secuestrados y asesinados por bandas del crimen organizado, pero también extorsionados por servidores públicos, como lo han denunciado organismos de derechos humanos.
Las violaciones sistemáticas a los derechos de migrantes le han valido a México serias críticas de órganos internacionales como la ONU.
El combate a la corrupción es una de las principales banderas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha comprometido a limpiar de malas prácticas todas las áreas del servicio público.